Ideas a favor de las personas en situación de pobreza y de las mujeres ante el COVID-19
Escrito por Lan Mercado, una trabajadora del ámbito del desarrollo y activista de Filipinas con más de 30 años de experiencia trabajando con coaliciones de la sociedad civil, movimientos de defensa del medio ambiente y organizaciones internacionales de derechos de las mujeres. En este artículo comparte su opinión personal sobre la forma en que las desigualdades económicas y de género se manifiestan en una crisis de salud pública como la pandemia del COVID-19 y cómo los Gobiernos locales pueden responder con un enfoque a favor de las personas en situación de pobreza y de las mujeres.
El 11 de marzo de 2020, con 114 países afectados por el virus y más de 4000 muertes, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del COVID-19. Filipinas es uno de esos países, y su Gobierno (más concretamente el Departamento de Salud) ha publicado varias directrices al respecto.
La Administración de Alimentación y Medicamentos del país ha aprobado un kit de pruebas desarrollado por la Universidad de Filipinas, lo que podría acelerar y mejorar el rastreo y el seguimiento de las personas que pudieran haber estado expuestas al virus, facilitando así el tratamiento de los pacientes. La información sobre la autocuarentena o el aislamiento, el distanciamiento social, el teletrabajo y el confinamiento se está difundiendo por diversos canales de comunicación. Como en cualquier crisis, los Gobiernos locales están siendo, acertadamente, los primeros en tomar medidas.
Pero como en cualquier situación humanitaria, este enfoque tiende a pasar por alto cómo se manifiesta la desigualdad y cómo la crisis tiene un impacto diferente y más severo en las personas en situación de pobreza, especialmente en las mujeres. Cualquiera puede estar expuesto al virus, pero las personas en situación de pobreza son las más vulnerables porque no disponen de los medios para afrontar la situación por sí mismas. Este colectivo son los principales usuarios de los masificados transportes públicos, autobuses y yipnis en los que el distanciamiento social es casi imposible, y dependen de sistemas de salud pública que a menudo ya se ven desbordados en circunstancias normales, por no hablar durante una crisis.
Los trabajadores y trabajadoras en situación de pobreza, especialmente los que dependen de un salario diario -isang kahig, isang tuka (trabajar un día, comer un día)- no podrían permitirse faltar al trabajo.
Una enfermera de urgencias publicó una historia sobre alguien que había escapado del hospital porque no quería que le obligaran a solicitar la licencia por enfermedad. Sin embargo, en algún momento, es probable que las empresas tengan que reducir su ritmo o cerrar temporalmente, dejando a sus empleados y empleadas con las manos vacías y con todavía menos recursos para comprar alimentos y medicinas. Mientras tanto, los hogares y comunidades más desfavorecidos de las zonas urbanas también son entornos donde la enfermedad se puede propagar fácil y rápidamente.
Como en cualquier crisis, la responsabilidad de cuidar de la familia y llegar a fin de mes recae mucho más sobre las mujeres, incluidas las más mayores que, por norma social y por conveniencia, a menudo se ocupan de la familia mientras los miembros más jóvenes trabajan fuera del hogar.
Las múltiples responsabilidades que recaen sobre las mujeres para contribuir a los ingresos del hogar y al mismo tiempo cuidar de las personas jóvenes, ancianas y enfermas, hacen que estas tengan las jornadas laborales más largas, menos tiempo para descansar y un elevado nivel de estrés, lo que las convierte en blancos fáciles para la enfermedad. Incluso si logran mantenerse saludables, su situación requiere atención y medidas especiales.
Como en cualquier crisis, la responsabilidad de cuidar de la familia y llegar a fin de mes recae mucho más sobre las mujeres, incluidas las más mayores
Tampoco ayuda que la sociedad se comporte de manera egoísta durante las crisis.
La tendencia a ponerse por encima de los demás en lugar de cooperar y mostrar compasión como comunidad y sociedad conduce a la concentración de los recursos en manos de quienes están en condiciones de acumularlos, privando a otras personas que tienen igualmente necesidades. Las escenas en los supermercados muestran crudamente cómo el acaparamiento de artículos esenciales de saneamiento y de higiene, así como de alimentos, pone en peligro la cohesión social y hace que empeoren los efectos del COVID-19.
¿Qué pueden hacer los Gobiernos locales?
Los Gobiernos locales están arraigados en el contexto de sus comunidades.
Al mismo tiempo, son los interlocutores de las preocupaciones de las comunidades locales ante el Gobierno nacional. Si bien los casos de COVID-19 aún no han alcanzado su punto álgido en Filipinas, los Gobiernos locales pueden tomar muchas medidas para abordar este problema de una manera que favorezca a las personas en situación de pobreza y a las mujeres.
El Gobierno debe desarrollar un enfoque que se base en estrategias gubernamentales y sociales de carácter integral. Aunque su tendencia sea priorizar a las personas en situación de pobreza y a las mujeres, estamos todos juntos en esta crisis de salud pública, y por lo tanto debemos trabajar unidos. Una reflexión muy inicial del enfoque ante el COVID-19 en favor de las personas en situación de pobreza y las mujeres ha suscitado las siguientes ideas para ver cuáles pueden materializarse inmediatamente con otras partes interesadas, como la sociedad civil y las empresas.
Estas incluyen:
Campañas de información
· Realizar campañas masivas de información sobre la salud en las comunidades urbanas más desfavorecidas en un idioma, formatos y canales que entiendan y en los que confíen.
· Mantener canales de comunicación bidireccionales abiertos y en funcionamiento.
· Comprobar si la ciudadanía tiene preguntas y preocupaciones y proporcionar un canal para que pueda dirigirlas al Gobierno local que, a su vez, debe abordarlas de inmediato.
· Asociarse con organizaciones comunitarias y otros grupos de la sociedad civil para proporcionar información sobre medidas preventivas y dónde acudir si alguien de la comunidad enferma.
· Difundir un mensaje específico sobre el confinamiento, porque es una medida que causa miedo y pánico, lo cual es algo negativo.
Medidas de salud pública
· Dar prioridad a la detección, el monitoreo y el tratamiento de las comunidades urbanas en situación de pobreza. Como de costumbre, las personas que tengan los medios para ello tenderán a acaparar los recursos de salud, dejando a los demás al margen.
· Colaborar con empleadores/as y propietarios/as de empresas sobre las medidas de salud pública en el lugar de trabajo, como el suministro de desinfectantes de manos, jabón y agua.
· Ampliar las medidas de saneamiento en lugares públicos como mercados de víveres y animales vivos, terminales de triciclos y todas las demás instalaciones de transporte público.
· Seguir colaborando con el Gobierno nacional y obtener su apoyo en la realización de pruebas rigurosas, la identificación atenta de los contactos primarios y secundarios en caso de exposición y la cuarentena para casos de exposición primaria en los centros de salud gubernamentales
· Planificar el apoyo del Gobierno local para la cuarentena domiciliaria obligatoria para casos de exposición secundaria.
· La policía y las autoridades de salud locales pueden colaborar en el seguimiento periódico de las cuarentenas domiciliarias y comunicar la información para coordinar las respuestas de salud y de contingencia.
· Asegurar una prohibición total de las reuniones y eventos no esenciales.
· Asegurar que los hospitales públicos locales cuenten con las instalaciones esenciales. Conseguir la cooperación de los hospitales privados.
· Las lecciones aprendidas de otros países que se han enfrentado a epidemias similares e incluso peores muestran que los Gobiernos locales no confiaron únicamente en investigaciones y protocolos nacionales o gubernamentales. También exploraron oportunidades de colaboración con organizaciones internacionales. La comunidad internacional de donantes en Filipinas puede proporcionar una red de contactos, así como financiación para la salud pública y otras medidas para contener la propagación de la enfermedad y responder a las repercusiones económicas y sociales del COVID-19.
Medidas de protección social
· El COVID-19 requiere no solo medidas de salud pública, sino también políticas y programas para abordar los impactos que exacerbarán la desigualdad y los factores de pobreza que generan vulnerabilidad. La protección social debe abordar las preocupaciones laborales y relativas al lugar de trabajo, disminuir la exposición de las personas a los riesgos y mejorar su capacidad para gestionar los riesgos de salud, económicos y sociales como el desempleo, la exclusión, la enfermedad, la discapacidad y la vejez.
· Licencias por enfermedad remuneradas y un ingreso básico garantizado para todas las personas trabajadoras por turnos o por días para incentivar las pruebas y el reporte de casos.
· Asegurar el empleo a pesar de la ausencia del trabajo debido al COVID-19.
· La pérdida de los ingresos diarios es una gran traba. Ciertas informaciones anecdóticas señalan que quienes tienen seguridad financiera se hacen la prueba, motivo por el cual los primeros casos detectados fueron pacientes que llegaron a través de hospitales privados.
· Encontrar una forma de proporcionar asistencia financiera a las personas que necesitan aislarse, por ejemplo: transferencias de efectivo, dinero por trabajo.
· Frenar la especulación y el acaparamiento. Asociarse con los supermercados y vendedores para limitar la compra de artículos de higiene y alimenticios esenciales.
· Apoyar la mano de obra informal como los vendedores/as ambulantes, conductores/as de jeeps y triciclos y vendedores/as en los mercados, entre otros, supone un desafío.
Por lo tanto, hay que encontrar maneras de hacerlos participar en los debates y que sugieran medidas. Es probable que las cooperativas y las asociaciones de autoayuda puedan desempeñar este papel.
Mujeres y género
· Es necesario un programa especial de protección social para apoyar a las mujeres que son madres solteras o son el principal sostén de la familia.
· Colaborar con las empresas y crear una política de licencias remuneradas por dependencia para que las mujeres que deban ausentarse del trabajo para cuidar a un familiar enfermo no se vean en la disyuntiva de elegir entre el trabajo y el cuidado de los familiares que dependen de ellas.
· Al realizar transferencias de efectivo, se debe asegurar que se dé prioridad a los hogares encabezados por mujeres.
· Los planes de dinero por trabajo casi siempre excluyen a las mujeres que no pueden salir del hogar debido al trabajo de cuidados. Ya es hora de reconocer la labor de cuidados como un trabajo que tiene valor económico. Incluir a las mujeres que se quedan en casa en los planes de dinero por trabajo. Existen proyectos piloto (de Oxfam y sus organizaciones socias) con metodologías y cálculos que podrían ser útiles. Estos se pueden modificar y adaptar al contexto particular de cada unidad de Gobierno local.
Colaborar con las empresas
· Debatir maneras de garantizar las medidas de continuidad de los negocios para mantener las pequeñas y medianas empresas a flote en la medida de lo posible.
· Explorar formas de proporcionar a las personas propietarias de empresas un alivio fiscal o de la deuda como incentivo para que adopten medidas de salud pública en el lugar de trabajo y apoyen a sus trabajadores y trabajadoras con licencias por enfermedad remuneradas e ingresos básicos garantizados.
· Iniciar un programa sobre responsabilidad social corporativa en asociación con las grandes empresas para que puedan contribuir positivamente a dar respuesta al COVID-19.
El Gobierno debe desarrollar un enfoque que se base en estrategias gubernamentales y sociales de carácter integral. Aunque su tendencia sea priorizar a las personas en situación de pobreza y a las mujeres, estamos todos juntos en esta crisis de salud pública, y por lo tanto debemos trabajar como uno solo.
Planificación de contingencia para cuarentenas y confinamientos comunitarios
· A pesar de la resolución publicada por el Gobierno, sigue faltando claridad y parece que se siguen elaborando directrices específicas. El Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Gestión de las Enfermedades Infecciosas Emergentes emitió la Resolución n.º 11 el 12 de marzo de 2020.
En ella, aumentaba el nivel de alerta del COVID-19 al subnivel 2 del Código Rojo, imponiendo cuarentenas comunitarias en toda la zona metropolitana de Manila si se daban al menos dos casos positivos a nivel de barangay (barrio), municipal y provincial. Las cuarentenas las implementará un grupo de miembros del Gobierno mediante los cierres que el presidente Duterte iniciará. “Las reuniones masivas” están prohibidas y la desobediencia “se castigará según el código penal”. Las personas infractoras pueden ser detenidas por la Policía Nacional de Filipinas (PNP) y las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), a quienes se ha encomendado la tarea de velar por la aplicación efectiva de las medidas y mantener el orden en caso de disturbios sociales.
· Sin embargo, en un comunicado de prensa posterior del portavoz del presidente se afirmó que “básicamente, el Gobierno está pidiendo una aplicación más estricta de las medidas preventivas con el fin de frenar y detener la propagación del COVID-19. Si bien algunos consideran que un cierre total y absoluto es una medida preventiva válida, las circunstancias actuales no justifican un curso de acción tan extremo”. Por lo tanto, no está claro lo que significa realmente esta resolución. Sin embargo, la misma noche de la publicación de la resolución ya se vieron movimientos de tropas.
· Dejando de lado la falta de claridad, los planes de contingencia en caso de cierre deben incluir la preparación previa de medicamentos, paquetes de alimentos y agua.
Negociar con el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) y otros organismos, así como con socios corporativos para los suministros. Aquí es donde las asociaciones con las empresas locales pueden entrar en juego como parte de su responsabilidad social corporativa.
· Capacitar a organizaciones comunitarias y asociarse rápidamente con ellas para la entrega segura de alimentos y artículos no alimentarios.
· Participar y contribuir a la elaboración de directrices específicas para asegurar su adecuación a las necesidades y el bienestar de las comunidades en cuarentena.
El papel de la policía y el ejército durante la cuarentena y el confinamiento de las comunidades
· Es habitual que la policía y el ejército participen en la gestión de las crisis, incluidas las situaciones humanitarias. Pero el cumplimiento de su tarea debe estar definido y basado en la protección de los derechos humanos.
El derecho a la vida, a ser libre de tortura, a no sufrir tratos o castigos inhumanos o degradantes, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y otros derechos absolutos deben defenderse y protegerse en cualquier circunstancia, incluso en las situaciones de confinamiento por el COVID-19. El Gobierno debe emitir una justificación clara y contundente si suspende ciertos derechos, y especificar durante qué periodo.
Esto debe comunicarse de forma clara al público para que sea comprensible.
· El mero hecho de recibir una orden para aplicar efectivamente un confinamiento no da automáticamente a la policía o al ejército la orientación necesaria sobre cómo realizar su tarea de manera conforme a la protección de los derechos humanos.
Se necesitan directrices claras y específicas para cada contexto por parte de los Gobiernos locales y nacionales para garantizar el compromiso y la adhesión a los derechos humanos durante la crisis del COVID-19. Los mandatos de los agentes civiles y militares deben definirse claramente y hacerse públicos para que quede clara su rendición de cuentas.
· Dada la ola de asesinatos tokhang (relacionados con la campaña antidroga) en las comunidades urbanas en situación de pobreza, la confianza en la policía es generalmente baja.
Es necesario establecer mecanismos locales para vigilar y denunciar las violaciones de los derechos humanos, y quienes los infrinjan deben enfrentarse a las consecuencias.
La Comisión de Derechos Humanos tiene el papel de apoyar a las administraciones locales y supervisar y actuar sobre estas denuncias.
· La participación de la policía y el ejército no debe obstaculizar la prestación neutral e imparcial de la asistencia humanitaria a las comunidades en cuarentena. El Gobierno no debe dirigirlos ni utilizarlos para perseguir sus objetivos políticos.
Estas ideas surgieron de un debate público en línea en el que añadí algunas más, las enmarqué y sistematicé. Ahora las publico a modo de contribución personal.
Les animo a que las difundan, especialmente con las personas que pueden actuar sobre el terreno. Aunque los datos actuales son inciertos y están en constante evolución, parece que Filipinas no ha alcanzado todavía el punto máximo en la crisis del COVID-19 y hay tiempo para planificar y ejecutar una respuesta que tenga en cuenta a los sectores más marginados de la sociedad. Pero tenemos que actuar rápido, con decisión y conjuntamente.
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El COVID-19 nos recuerda que todas las personas merecemos un trato justo y equitativo.
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